El Parlamento aprobó por unanimidad el miércoles 15 de octubre el proyecto de ley de accesibilidad que establece las condiciones mínimas para que los espacios públicos, los servicios, los transportes y las comunicaciones se adapten a las personas con discapacidad.
Este texto quiere conseguir una sociedad más inclusiva, que garantice la autonomía y la igualdad de oportunidades, especialmente para el medio millón de catalanes con discapacidad reconocida.
El texto final, que se empezó a debatir en julio de 2013, ha llegado al pleno con 201 enmiendas que actualizan y modifican la ley anterior. Otro de los puntos que los partidos han celebrado ha sido el cambio de nomenclatura de “discapacidad” por “diversidad funcional”.
